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La Institución insular aprueba un Plan Antifraude que integra los principios de responsabilidad, optimización de recursos, cumplimiento de objetivos y control de los recursos públicos
Entre las medidas previstas está la celebración de jornadas de presentación del Plan y su divulgación, así como la creación de un buzón de sugerencias y denuncias
El Cabildo de La Gomera aprobó el pasado 20 de mayo el Plan de Medidas Antifraude en el marco de las directrices marcadas por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, con el objetivo de garantizar que estos fondos se ejecuten siguiendo los principios de responsabilidad, transparencia, optimización de recursos, seguimiento y control, según informó el presidente, Casimiro Curbelo.
En este sentido, aclaró que esta aprobación se hace en base a las exigencias que deben cumplir todas las entidades y administraciones públicas receptoras de fondos públicos procedentes de estos mecanismos de apoyo, con la finalidad de reforzar los parámetros de transparencia que ya están por encima del 9 sobre 10.
Así, el documento que ahora se publica en el Boletín Oficial de la Provincia será objeto de presentación al personal de la Institución insular para continuar con su desarrollo, que contempla la creación de un buzón de sugerencias o denuncias, al igual que la publicación del Plan en espacios de consulta pública como la web del Cabildo.
En el transcurso de este tiempo, se impulsará la elaboración de procedimientos para garantizar la correcta gestión de los fondos públicos; validar los documentos destinados a la prevención, detección y corrección de conflictos de intereses; proponer medidas correctoras; al mismo tiempo que se forma al personal de la administración para que conozca la existencia del buzón de denuncias que servirá para comunicar irregularidades que puedan afectar a fondos procedentes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.
Entre las medidas de prevención se fija la aprobación de una declaración institucional de lucha contra el fraude; la evolución del impacto y probabilidad de riesgos, a partir de autoevaluaciones de los agentes y órganos de control; la implementación de un código de conducta; junto a la formación y concienciación sobre gestión de recursos vinculada a fondos públicos.
