ASG pide una hoja de ruta clara para paliar la dura situación de las personas en riesgo de pobreza o exclusión social

La presidenta del Grupo Parlamentario, Melodie Mendoza, indica que “el porcentaje de canarios en esta situación no es bajo, sino todo lo contrario, y no hemos conseguido, desde hace muchísimo tiempo, eliminarlo”

Liga las crecientes dificultades económicas y sociales que sufren una buena cantidad de canarios con el aumento del riesgo de desahucios que atenaza a muchas familias de las islas

Señala que el número de lanzamientos y desahucios registrados en los juzgados canarios durante el primer trimestre de 2024 se incrementó un 200% con respecto al mismo periodo del año pasado

 

Viernes, 21 de junio. La presidenta del Grupo Parlamentario Agrupación Socialista Gomera (ASG), Melodie Mendoza, ha solicitado al Gobierno de Canarias que trace una hoja de ruta clara para paliar la dura situación en que lamentablemente se encuentran las personas en riesgo de pobreza o exclusión social en esta comunidad autónoma.

En este contexto, recordó que “el porcentaje de canarios que se hallan en esta situación no es bajo, sino todo lo contrario, y, además, no hemos conseguido, desde hace muchísimo tiempo, eliminarlo”.

Melodie Mendoza ligó las crecientes dificultades económicas y sociales que sufren una buena cantidad de canarios con el aumento del riesgo de desahucios que atenaza a muchas familias de las islas. Se refirió a los datos conocidos recientemente sobre el número de lanzamientos y desahucios registrados en los juzgados canarios durante el primer trimestre de 2024, que se incrementó un 200% con respecto al mismo periodo del año pasado.

A su juicio, “no cabe la menor duda de que el problema de los desahucios está correlacionado con graves factores como el riesgo de pobreza o exclusión social, la alta tasa de desempleo, la precariedad laboral, los elevados precios de alquiler en relación con los ingresos medios de las familias, entre otras cuestiones”.

“Las cifras –apuntó– son preocupantes, pues, según datos oficiales, cerca del 18% de la población canaria acumula un retraso en el pago de los gastos principales de la vivienda en los últimos doce meses y el 53% no tiene para afrontar gastos imprevistos”.

También explicó que “la vivienda, tal y como recoge la Carta Magna, es un derecho fundamental, de ahí la importancia de aplicar las medidas que sean necesarias para prevenir los desahucios y proteger a las personas en situación de vulnerabilidad, y, a su vez, no cargar esta responsabilidad en los pequeños propietarios de inmuebles, pues esto generaría inseguridad jurídica y, a la larga, una escasa oferta de arrendamiento”.

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