ASG solicita más medidas para fomentar la inserción laboral de personas con discapacidad

El portavoz adjunto de Agrupación Socialista Gomera, Jesús Ramos, señala que solo las empresas con más de 50 trabajadores están obligadas a que un dos por ciento de su plantilla pertenezca a este colectivo y, en Canarias, más del 90% tiene menos de diez empleados

Afirma que en el archipiélago el 76% de las personas con discapacidad en edad laboral están desempleadas, una tasa muy alta que se agrava en el caso de las mujeres o en islas como La Gomera y El Hierro

Sábado, 30 de marzo. El portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Agrupación Socialista Gomera (ASG), Jesús Ramos, ha solicitado a la consejera de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, Jéssica de León, que su departamento adopte más medidas para fomentar la inserción laboral de las personas con discapacidad y en edad laboral, pues las que existen en la actualidad son insuficientes.

En este sentido, explicó que, hoy en día, solo las empresas con más de 50 trabajadores están obligadas a que un dos por ciento de su plantilla pertenezca a este colectivo y se da la circunstancia de que, en Canarias, más del 90% tiene menos de diez empleados y apenas un cuatro por ciento supera esa cifra.

Señaló, además, las dificultades que tienen muchas pequeñas y medianas empresas (pymes) para poder insertar a personas con discapacidad en sus plantillas por algo tan sencillo como el acceso al lugar de trabajo.

Jesús Ramos animó a la titular de Empleo a tener en cuenta estos aspectos y lo que significa para este colectivo contar con un empleo, sentirse plenos y formar parte de esta sociedad, para facilitar que las pymes e incluso micropymes puedan contratar a personas con discapacidad.

Según dijo, en las islas, la población en edad laboral supera el millón y medio de personas. De ellas, más de 95.000 son personas con discapacidad y aproximadamente el 76% está desempleadas. Una tasa muy alta que se ve agravada en el caso de las mujeres o en islas como El Hierro y La Gomera.

A juicio del parlamentario gomero, urge buscar una solución y corregir estos datos, bien a través de cláusulas sociales en los contratos, que exijan, por ejemplo, un mínimo de personas con discapacidad a cambio de obtener el distintivo de responsabilidad social y empresarial.

Con idéntico objetivo, propuso trasladar al Estado, competente en esta materia, que baje la ratio de 50 personas que existe en la actualidad, y actuar de forma transversal, entre varias áreas del Gobierno, con objeto de enmendar el déficit que existe ahora mismo de plazas en centros especiales de empleo y que impide a muchos estudiantes de este colectivo encontrar un lugar donde formarse cuando terminan la etapa escolar.

Reconoció las ayudas destinadas a este fin desde el área de Empleo y planteó que, igualmente, se subvencione el tránsito desde estos centros especiales a las empresas y se ponga en marcha iniciativas como el plan de formación en la alternancia en todas las islas, no solo en las capitalinas.