ASG urge a buscar fórmulas legales para estabilizar al personal interino y temporal de la Administración canaria

Melodie Mendoza defiende la necesidad de articular soluciones que pongan fin a este “mal endémico” y aporten seguridad jurídica a los más de 4.000 empleados públicos, cuyos puestos de trabajo podrían estar en riesgo


Reconoce que no es una cuestión sencilla de resolver, ya que la solución pasa por modificar la norma estatal, pero asegura que vale la pena el esfuerzo para reconocer su trabajo diario al servicio de lo público 


La presidenta del Grupo Parlamentario Agrupación Socialista Gomera (ASG), Melodie Mendoza, urgió este martes, en comisión parlamentaria, a poner en marcha los mecanismos legales que permitan la estabilización del personal interino y temporal de la Administración autonómica canaria. “Tenemos una alta tasa de trabajadores interinos y temporales que no tiene sentido ni justificación alguna, por lo que reivindicamos, una vez más, acabar con este mal endémico”, destacó. 


En concreto, Mendoza detalló que son más de 4.000 los empleados públicos de la Administración General, cuyos puestos de trabajo podrían estar en riesgo, una cifra, que según destacó, se incrementa hasta los 800 mil empleados a nivel nacional. “Estamos muy lejos de cumplir con el 8% de temporalidad, que es el máximo que requiere Europa, ya que las cifras se sitúan en un 56% de interinidad en el caso de Sanidad, un 40% en Justicia, 38% en Educación, 32% en los cuerpos generales y en algunos servicios se alcanza el 100%”, recordó. 


En este sentido, lamentó que España tenga paralizada la transposición de Directivas Europeas de obligado cumplimiento desde el 2001 y que ningún gobierno haya podido conciliar hasta ahora una nueva normativa que resuelva esta situación. “Esto dificulta nuestra labor en Canarias para poder acometer los cambios normativos en los que sí somos competentes”, indicó. 


Mendoza reconoció que la solución no es sencilla, ya que en primera instancia pasa por modificar la normativa estatal para armonizarla con la europea y así evitar conflictos jurídicos. No obstante, aseguró que todo el esfuerzo por buscar fórmulas alternativas legales “vale la pena, ya que se trata de poner fin a una situación de inestabilidad laboral que se cronifica en el tiempo para aportar seguridad jurídica y certidumbre a numerosas familias canarias”. 


Por ello, esperó que los sindicatos y la Administración alcancen un acuerdo para lograr una OPE que sea fruto del consenso y que se adapte a las necesidades y demandas de los trabajadores públicos. “No pedimos otra cosa, sino que los trabajadores que llevan años al servicio de Canarias continúen con su labor y no tiremos a la basura toda esa experiencia que han adquirido durante muchos años”, sostuvo. 


Por último, agradeció la intervención del representante de la Plataforma de Empleados Públicos en Fraude de Ley, quien expuso las demandas de los trabajadores públicos. “Entendemos perfectamente los problemas que padecen y sus inseguridades, por lo que tendremos en cuenta sus sugerencias y esperamos darles una solución lo antes posible”, concluyó.

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