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El partido socialista insiste en que los vecinos no pueden aguantar ni un día más esta situación de hartazgo y cansancio ante la inoperancia del Grupo de Gobierno
El Grupo Insular del PSOE del Cabildo de La Gomera exige al Grupo de Gobierno que agilice cuanto antes el traslado de las antenas telefónicas de Altamache, después de mucho tiempo de espera que ha llevado a los vecinos de la zona de Las Trincheras a una situación que se ha vuelto insostenible.
El partido socialista muestra su profunda preocupación por este asunto, considerando que “los vecinos no pueden aguantar ni un día más esta situación de hartazgo y cansancio ante la inoperancia del Grupo de Gobierno. No hay que olvidar que la caseta y las torretas de telecomunicaciones se encuentran a escasos metros de una zona residencial y en la cercanía de otra de carácter turístico”.
“No entendemos qué ocurre –insisten María Inmaculada Rodríguez, José María Morales y Silvia Padilla, consejeros del PSOE-, qué pasa con dicho expediente. Hemos preguntado por esta situación en reiteradas ocasiones y hace varios meses ya que la consejera Cristina Ventura Mesa, responsable del Área de Presidencia, Economía, Hacienda, Obras Públicas, Cooperación municipal y Buen Gobierno, nos dijo que todo estaba en su etapa final. Hemos tenido que solicitar el expediente completo porque ASG no nos quiere contar con claridad lo que está ocurriendo. Queremos conocer los motivos reales por los que no se ha procedido al traslado”.
El PSOE de La Gomera recalca que han pasado ya muchos años solicitando que se ejecute esta petición y año a año el expediente ha quedado en un cajón sin ser atendido. “Estamos cerca de la finalización del año 2021 y a mitad de la presente legislatura y seguimos sin recibir respuesta. Tememos que lleguen las próximas elecciones y aún no se haya puesto fin a esta situación”.
El Grupo Insular socialista aclara que, en cumplimiento con la ley, el Cabildo Insular de La Gomera está obligado a facilitar la información cuya divulgación resulte de mayor relevancia para garantizar la transparencia de su actividad relacionada con el funcionamiento y control de la actuación pública.
