Melodie Mendoza aboga por legislar con el foco puesto en los menores de Canarias para velar por su futuro

La presidenta de ASG destaca la importancia de situar a la infancia en el centro de todas las políticas para responder a sus necesidades y proteger sus derechos


Destaca la importancia de impulsar la figura de la mediación a la hora de resolver los conflictos, sin la necesidad de emprender un proceso judicial 


La presidenta del Grupo Parlamentario Agrupación Socialista Gomera (ASG), Melodie Mendoza, destacó este lunes, en comisión parlamentaria, la necesidad de legislar con el foco puesto en los menores de Canarias para velar por la protección de sus derechos y garantizar un futuro con más oportunidades. “Tenemos una gran responsabilidad a la hora de diseñar normas y es por eso que debemos centrar nuestra mirada en la infancia para que sea el eje fundamental sobre el que pivoten las políticas que desarrollemos, pues son el presente y el futuro de las Islas”, explicó. 


Por ello, destacó la importancia de contar con normas como la Ley Integral del Menor o la Ley de Atención Temprana que contribuyen a la protección de los derechos de los niños y niñas de las Islas, un colectivo vulnerable que en la actualidad se ha visto afectado por los efectos de la pandemia, intensificando en mayor medida la pobreza infantil y la exclusión social existente. 


Por otra parte, hizo especial hincapié en la figura de la mediación como una herramienta eficaz en la resolución de conflictos entre ambas partes, sin tener que emprender un proceso judicial, lo que evita un importante desgaste económico y emocional. “Es un instrumento magnífico para lograr la comunicación y el entendimiento y dar una oportunidad a la resolución de conflictos dentro y fuera del ámbito judicial, incluso en aquellas situaciones más complejas como son las relacionadas con la violencia de género y su afección a toda la familia”, apostilló. 


En este sentido, propuso la revisión de la Ley Canaria de Mediación Familiar, que es de 2003, con el objeto de actualizarla para que responda a la realidad actual de los menores en las Islas y a sus necesidades. “Aunque en Canarias contamos con una buena ley, es cierto que han pasado 18 años desde su entrada en vigor y las circunstancias sociales han cambiado y en gran parte, motivadas por los efectos de la Covid-19, por lo que entendemos que habría que estudiar su revisión”, indicó. 

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