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El portavoz adjunto de Agrupación Socialista Gomera, Jesús Ramos, indica que este dato pone de manifiesto la ardua tarea que queda por hacer y la necesidad de aumentar la inversión en las personas
Agradece el trabajo desarrollado durante estos años por Rafael Yanes y su equipo, que ha logrado hacer de la Diputación del Común un órgano más conocido y una herramienta ante el desamparo de la ciudadanía por parte de las administraciones públicas
Martes, 9 de abril. El portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Agrupación Socialista Gomera (ASG), Jesús Ramos, ha calificado de “escalofriante” que más de 2.300 canarios fallecieran en 2023 esperando del Gobierno de Canarias una respuesta a su expediente, según recoge Informe Anual de la Diputación del Común, correspondiente al año 2023, presentado por Rafael Yanes en la comisión de Gobernación, Desarrollo Autonómico y Justicia del Parlamento de Canarias.
“Este dato pone de manifiesto la ardua tarea que queda por hacer y la necesidad de aumentar la inversión en las personas por parte de las administraciones públicas”, recalcó Jesús Ramos.
Agradeció el importante trabajo desarrollado durante estos años por Rafael Yanes y su equipo, que ha logrado, dijo, “hacer de la Diputación del Común un órgano mucho más conocido y una herramienta ante el desamparo de la ciudadanía por parte de las administraciones públicas”.
Afirmó que esta labor, al igual que la mayor accesibilidad, han influido en el incremento del número de quejas, por lo que, en su opinión, se requiere dotar a la Diputación del Común de más medios.
El diputado por la isla de La Gomera explicó que las distintas áreas en las que está dividido el informe e hizo hincapié sobre las materias en las que se concentran la mayoría de las quejas, dependencia, discapacidad, política territorial, economía y hacienda y vivienda.
Sobre la primera de ellas, dependencia, apuntó que “continúa siendo una de las disciplinas que más preocupación genera en la población, aunque en 2023 disminuyó el número de quejas”, todo lo contrario que en discapacidad, que aumentó y donde, tal y como recoge el informe, “un año más se evidencia el incumplimiento de los plazos de resolución de los procedimientos de reconocimiento o revisión del grado de discapacidad”.
El documento, según añadió, también expone que “los equipos de valoración y orientación encargados de hacer esta labor soportan un volumen de demanda ciudadana muy superior a la que pueden gestionar con el número actual de personal destinado a esta tarea y esto provoca una lista de espera de años que va más allá de lo aceptable”.
Jesús Ramos puso el acento en que los medios humanos y materiales no son suficientes y abogó por “estrechar mucho más la colaboración con cabildos y ayuntamientos que también tienen competencias en la materia o, al menos, es a donde primero recurre la ciudadanía cuando tiene un problema”.
Reconoció el esfuerzo del Gobierno de Canarias en este sentido y manifestó su confianza en que los datos mejoren en futuros informes.
