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El portavoz de ASG sostiene que debe abrirse un “debate sereno” y pide que el Estado incorpore recursos adicionales a las autonomías para atender nuevos parámetros sociales, demográficos y, en el caso de Canarias, la insularidad
Curbelo recuerda que el actual sistema de financiación no recoge el incremento poblacional registrado en la última década y, por tanto, el aumento de las necesidades de recursos para servicios públicos como la sanidad y la educación
Jueves, 10 de agosto. El portavoz de Agrupación Socialista Gomera, Casimiro Curbelo, ha urgido a la apertura de un “debate sereno” sobre la modificación del actual sistema de financiación autonómica. Según argumentó, la distribución de recursos públicos coloca a las islas entre las comunidades con menor inversión por habitante – 2.388 euros según el Ministerio de Hacienda- .
Por este motivo, apeló a iniciar un proceso de diálogo entre las comunidades autónomas para alcanzar un acuerdo que permita la actualización del sistema y el incremento del peso de variables como el crecimiento demográfico, parámetros sociales e incorporar más recursos que compensen la condición de insularidad.
En este sentido, precisó que en el caso de Canarias, el actual sistema no recoge el incremento de gasto público vinculado con servicios públicos como la sanidad y la educación, “que se llevan cerca del 80% de los recursos que anualmente se disponen en los presupuestos de la comunidad autónoma”. Motivo por el que insistió en aumentar los recursos estatales que reciben las islas para atender estas competencias transferidas y mantener la calidad de las prestaciones.
Sostuvo que el nuevo sistema debe mantener la desvinculación de los recursos del REF de la financiación autonómica, tal y como se acordó desde 2018. “En este sentido no se puede dar marcha atrás, el REF es un instrumento adicional de apoyo a la economía canaria y, por tanto, no se puede incorporar a la ficha financiera del sistema común”, apuntó.
Aseguró que el actual sistema, “es caduco y no ajustado a la realidad actual del país”, porque “tras más de catorce años de vigencia no plasma las necesidades de financiación de las autonomías”. Por ello, insistió en colocar este asunto entre las prioridades de la legislatura, aunque reconoció las dificultades para un acuerdo entre todas las partes, porque “todos tienen visiones diferentes, pero habrá que llegar a una realidad común que vele por el interés general”.
