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La presidenta del Grupo Parlamentario Agrupación Socialista Gomera (ASG) sostiene que este asunto no admite más dilaciones, tras un año esperando una modificación legal por el Estado
La presidenta del Grupo Parlamentario Agrupación Socialista Gomera (ASG), Melodie Mendoza, ha insistido en la defensa de los fueros y la realidad de Canarias y el cumplimiento del Régimen Económico y Fiscal (REF), en concreto, en el caso de las operaciones triangulares o de trading de las entidades inscritas en la Zona Especial Canaria (ZEC), que afecta a muchas empresas y empleos isleños.
“Desde la Agrupación Socialista Gomera creemos que es esencial activar todos los mecanismos que están a nuestro alcance para la defensa de nuestros fueros y en este caso, una vez más, nuestro REF”, afirmó. “Se activa esta vía de colaboración institucional entre esta Cámara y el Congreso de los Diputados porque el asunto que nos ocupa no admite más dilaciones, ya que llevamos desde hace más de un año esperando una modificación legal por parte del Estado que no se ha producido hasta ahora, por lo que debemos impulsar una modificación normativa que aclare y dé seguridad jurídica a las empresas que operan en la Zona Especial Canaria”, añadió.
A juicio de la diputada por la isla de La Gomera, “la Zona Especial Canaria siempre ha sido una de las grandes herramientas que tienen las islas para atraer inversiones de empresas del exterior y generar empleo: de hecho, en los últimos años su crecimiento ha sido significativo y cada vez más empresas vienen a nuestro archipiélago a establecerse, puesto que en 2021 se incrementaron en 1.139 nuevos empleos, un 15’5% más que en 2020”.
Mendoza recordó que el 21 de junio del año pasado, por un cambio de criterio técnico de la Dirección General de Tributos del Estado, se puso en peligro una de las actividades más extendidas entre las empresas que se han establecido en la ZEC. Se trata de la realización de operaciones de comercio triangular, en las que empresas radicadas en Canarias y que generan empleo en nuestras islas, gestionan envíos de mercancías en buques que desembarcan en otros puertos, para luego aprovisionarse en los mismos y continuar su ruta logística por varios países o continentes, sin la necesidad de pasar por Canarias pero realizando su actividad en las islas”.
“Una actividad en alza desde el año 2000 y que podría englobar a casi la mitad de las empresas instaladas en la ZEC y a unos 1.000 empleos, pero que con este cambio de criterio ha sufrido un revés importante”, dijo. “Este cambio de apreciación técnica ha supuesto para estas empresas una gran inseguridad jurídica y la obligación de liquidar el impuesto de sociedades del año 2021 sin aprovechar los beneficios fiscales que supone la tributación especial de la ZEC, que es el motivo principal por el que se han instalado en Canarias”, precisó.
La diputada remarcó que “el Gobierno de Canarias trasladó este asunto desde el primer momento al Gobierno del Estado, para que vuelva a permitir que esta actividad se desarrolle como hasta ahora, ya que hay que defender nuestros fueros y corremos el riesgo de que se desmantele el tejido productivo creado con esta actividad, o el de desincentivar que otros proyectos empresariales se establezcan en las islas al ver que es tan fácil cambiar las reglas del juego a mitad del partido”.
“Sin embargo, el Gobierno del Estado y, en concreto el Ministerio de Hacienda, no han movido ficha, ya se han vencido las obligaciones tributarias y ahora corremos el riesgo cierto de que estas empresas ganen en los tribunales la devolución de lo cobrado indebidamente por el Estado; es por todo esto que se presenta esta proposición de ley que será tramitada en el Congreso de los Diputados, un texto de amplio consenso en esta Cámara que no solo dará seguridad jurídica a estas empresas y a sus trabajadores para que puedan realizar sus operaciones de comercio triangular, sino que también le dará seguridad jurídica a la Agencia Tributaría”, afirmó.
