ASG apoya compensar a los trabajadores en ERTE que perciban cuantías inferiores al salario mínimo

El Grupo Parlamentario de Agrupación Socialista Gomera respaldó el decreto- ley presentado por el Ejecutivo autonómico que prevé dar cobertura a más de 50 mil canarios que estuvieron más de 90 días en ERTE con prestaciones por debajo del salario mínimo interprofesional

Curbelo insiste en la responsabilidad de las administraciones públicas para seguir trabajando en acciones que permitan amparar a los sectores sociales más afectados por las consecuencias de la crisis económica y sanitaria

El Grupo Parlamentario de Agrupación Socialista Gomera ha respaldado el decreto-ley que establece un complemento a los trabajadores canarios por cuenta ajena que hayan estado o permanezcan en ERTE, y que hayan percibido cantidades mensuales inferiores al Salario Mínimo Interprofesional, fijado en 950 euros brutos al mes. En palabras del portavoz, Casimiro Curbelo, se trata de una medida “necesaria y que repercute en las familias más afectadas por el impacto de la pandemia en las islas”.

Según precisó, la ayuda se aplicará mediante un pago único con el que se compensará a 51 mil beneficiarios, que percibirán una cuantía máxima de 1.110 euros, según la cantidad que hayan percibido en ERTE. “Toda ayuda siempre es necesaria, más a los miles de canarios que la crisis abierta por la Covid-19 les ha afectado directamente a su estabilidad laboral y económica, por lo que desde las administraciones públicas se deben abordar medidas de este tipo para atender esta realidad”, dijo.

Curbelo especificó que la realidad social y económica de las islas es hoy “algo mejor que durante los meses más duros de la pandemia”, pero recordó que durante este tiempo Canarias ha perdido más del 20% del PIB, con más de 254 mil canarios en desempleo y 49 mil personas acogidas a un ERTE. “Son cifras que necesitan de esfuerzos colectivos y programas con capacidad de generar actividad económica y, por tanto, empleo”, apuntó.

El diputado regional también insistió en la responsabilidad de las administraciones públicas para seguir trabajando en acciones que permitan amparar a los sectores sociales más afectados por las consecuencias de la crisis económica y sanitaria. “Hoy hay más parados, más marginados y más excluidos socialmente, es decir, mucha más pobreza que antes de la crisis de la covid-19, por lo que es de obligación moral que las instituciones trabajen por y para todas aquellas familias que necesitan ayuda”, puntualizó.

Así, destacó que la disposición de fondos procedentes del Estado y la Unión Europea “serán decisivos” en la estrategia de recuperación, puesto que la redistribución de estos recursos permitirá la financiación de servicios esenciales, así como proyectos estratégicos por valor de 630 millones de euros.