La Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda licita por 321.000 euros el proyecto de ampliación y mejora del puerto de Playa Santiago, en La Gomera

El Gobierno canario impulsa la ejecución de un proyecto de remodelación clave para la comarca del sur de La Gomera 

La Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda del Gobierno de Canarias, que dirige Sebastián Franquis, ha sacado a licitación la redacción del proyecto técnico de la ampliación y remodelación del puerto de Playa Santiago, en el municipio de Alajeró, en La Gomera, con una partida de 321.000 euros. Con esta licitación, que incluye el estudio de impacto ambiental de las futuras obras, se pone en marcha el proceso para hacer realidad la histórica demanda de la comarca del sur de La Gomera de contar con un puerto, que gestiona la entidad pública Puertos Canarios, más amplio y adaptado a las necesidades reales de la zona, tal y como se comprometieron en diciembre pasado el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, y el consejero Sebastián Franquis, durante la presentación a las autoridades locales del proyecto elegido para desarrollar las instalaciones portuarias de Alajeró.

La Viceconsejería de Infraestructuras y Transportes saca a licitación la redacción del proyecto del nuevo puerto partiendo de las siguientes premisas. El puerto de Playa Santiago constituye un enclave estratégico fundamental en las comunicaciones marítimas de la isla de La Gomera. En concreto, sirve de soporte a la línea marítima interior que va desde San Sebastián a Valle Gran Rey, pasando por el referido puerto de Playa Santiago. Sin embargo, la actividad comercial que desarrolla con el transporte de pasajeros se ve condicionada por dos circunstancias: coexistencia en una única y pequeña dársena de los tráficos comercial, pesquero y deportivo; y, por otra parte, la imposibilidad de emplear buques de mayor porte que puedan trasladar vehículos en su interior. Por todo ello, las características, y la importancia, del tráfico en ese puerto exigen la separación física de la actividad comercial mediante la construcción de una nueva dársena externa, al sur de la actual, donde tengan cabida las embarcaciones comerciales, en tanto la dársena actual quede para tráfico pesquero y deportivo.

La licitación que se inicia ahora pone fin a 13 años de estudios y proyectos fallidos en tono a las diferentes opciones que se podrían ejecutar con el objetivo de ampliar el puerto de Playa Santiago, unos años en los que nunca se pudo acordar una solución consensuada. En este caso, y como quedó de manifiesto con la presentación del pasado mes de diciembre, las tres administraciones implicadas (Gobierno, Cabildo y Ayuntamiento) seleccionaron de forma consensuada la alternativa más viable técnicamente y de menor impacto medioambiental de las tres propuestas elaboradas y recogidas en el estudio encargado por la Consejería para la ampliación de este puerto. La opción seleccionada implica un proyecto que requerirá una inversión estimada de entre 20 y 30 millones de euros, y que permitirá aumentar el número de atraques de barcos de pequeño o mediano calado, y el atraque de ferris de grandes dimensiones que en la actualidad no pueden hacerlo. 

Como recordó el consejero Franquis en la presentación de diciembre, se va a ejecutar una propuesta “realista tras muchos años de discusiones y errores; estamos presentando un proyecto realista para Playa Santiago y que se ajuste al consenso de todos, un proyecto que queremos relanzar y hacerlo realidad desde el Gobierno”. Sebastián Franquis hizo hincapié entonces en que se presentaba un proyecto transparente, negociado y consensuado, ya que mientras más consenso haya, con más seguridad se iniciará la ejecución de la propuesta y en el menor tiempo posible, como queda patente con esta licitación que se pone en marcha solo dos meses después de seleccionar la opción más viable para Play Santiago. La redacción del proyecto que se licita ahora no sólo servirá para la definición de las obras a acometer en el futuro, sino también para servir de soporte a la tramitación ambiental de la actuación, que incluye la solicitud al Estado de la adscripción del Dominio Público Marítimo-Terrestre afectado por la actuación.

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