Chinea enmienda la “ley Celaá” para la digitalización de las escuelas rurales y la gratuidad de la educación infantil

  • El senador también solicita que el Estado y las Comunidades desarrollen un plan de contingencia en seis meses para escenarios como la pandemia de la Covid19
  • Chinea reclama la colaboración del Estado con la Comunidad Autónoma en la elaboración de un Plan específico de formación profesional en el sector turístico
  • Presenta la iniciativa propuesta por la federación de periodistas para que los licenciados en Ciencias de la Información puedan ejercer como profesores de Lengua

Madrid, a 15 de diciembre de 2020. El senador por la isla de La Gomera, Fabián Chinea, ha enmendado el proyecto de Ley de Educación, que ha iniciado su trámite en la Cámara Alta, para que se garantice la digitalización de la red de escuelas rurales con la instalación de redes de telecomunicación de banda ancha y acceso a Internet, así como equipos y redes informáticas que alcancen a los dispositivos de todo el alumnado de las aulas.


Esta enmienda a la conocida como la “Ley Celaá” obedece, según expone Fabián Chinea, a que “la pandemia del coronavirus ha puesto en evidencia la doble discriminación que sufren los alumnos y alumnas de las escuelas rurales. Muchas no cuentan con acceso a Internet ni con los equipos necesarios para sus estudiantes. Y muchos sufrieron las consecuencias de su aislamiento durante el periodo en el que los centros estuvieron cerrados. Una situación que no se puede repetir en un futuro”. 


El senador de la Agrupación Socialista Gomera (ASG) indica en esta enmienda que “la planificación de la escolarización en las zonas rurales deberá contar con recursos económicos suficientes para el mantenimiento de la red de centros rurales, eI transporte del alumnado que lo requiera y con redes de telecomunicación de banda ancha y acceso a Internet”.


Otra de las propuestas presentadas por el senador por la isla de La Gomera consiste en el reconocimiento de la universalidad de la educación infantil y la gratuidad del primer y segundo ciclo. Chinea argumenta, en este caso, que “la universalidad no obligatoria y su gratuidad son fundamentales para reducir la desigualdad y mejorar la conciliación de la vida laboral y familiar. Y constituye también un potente factor para combatir el fracaso escolar, impulsando el desarrollo personal desde las primeras etapas de la vida”.


Por otro lado, el senador de ASG ha asumido la propuesta liderada por la mayoría de los centros especiales y en una de sus enmiendas solicita la supresión de la disposición adicional cuarta para que se garantice la cobertura y el mantenimiento de aquellas políticas que contribuyan a la mejora de la atención al alumnado con necesidades educativas especiales.


Chinea solicita, por otro lado, que el plan de contingencia para situaciones de emergencia que contempla la ley se lleve a cabo por parte del Gobierno, en colaboración con las Comunidades Autónomas, en un plazo máximo de seis meses desde su entrada en vigor. En este sentido, explica que “es fundamental que se establezca un plazo urgente para evitar que se demore la elaboración de dicho plan de contingencia ante la posibilidad de que se repitan escenarios similares a los que hemos vivido durante la pandemia del coronavirus. Un plan en el que deben participar todos los miembros de la comunidad educativa”. 


En otra enmienda, propone que se contemple una disposición adicional específica que contemple las materias educativas incluidas en Régimen Económico y Fiscal y el Estatuto de Autonomía de Canarias, entre las que se encuentra la elaboración de un Programa especial de formación profesional para el empleo en sectores de servicios avanzados.; un programa específico de becas de estudio para los estudiantes canarios que no encuentren en su isla de residencia; la adecuada provisión de plazas de Formación Profesional Reglada, Formación Profesional para el Empleo y Formación Profesional Dual a los estudiantes canarios o la especial atención a la formación técnico-profesional en el sector turístico.


Chinea especifica que “a tales efectos, la Administración General del Estado colaborará con la Comunidad Autónoma de Canarias en la elaboración de un Plan específico de formación profesional en el sector turístico, que contará asimismo con la participación de los agentes sociales más representativos en el ámbito autonómico”. 


También ha incluido entre sus enmiendas la propuesta que hizo llegar la Federación de Asociaciones de Periodistas para que se derogue el Real Decreto que impide ejercer como profesores de las asignaturas de Lenguas a profesionales de carreras que no estén adscritas a Humanidades y se habilite a los licenciados o graduados en Ciencias de la Información, Periodismo, Publicidad y Relaciones Públicas o Comunicación Audiovisual para ejercer como profesores de estas asignaturas.


Chinea reclama que “se levante el veto que impide a los periodistas impartir Lengua en los centros concertados o privados, pese a que hayan obtenido el Máster habilitante en las especialidades de Lengua Castellana y Literatura o Lenguas Extranjeras, así como formar parte de las bolsas de interinos”.

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