La diputada por NC urge a tomar medidas para facilitar todos los procedimientos a los ciudadanos, el tejido productivo y las propias instituciones
La diputada por Nueva Canarias (NC) Sandra Domínguez ha esbozado una hoja de ruta de la simplificación administrativa con el objetivo de contribuir a la reactivación económica y social del Archipiélago. Domínguez urgió, a todos los niveles institucionales públicos, a tomar medidas para facilitar los procedimientos a los ciudadanos, al tejido productivo y a las propias entidades públicas.
Uno de los objetivos que, con mayor intensidad defendió NC para su inclusión en el Pacto por la Reactivación Social y Económica de Canarias que se desarrolla a través de un plan de medidas consensuado entre los representantes públicos y sociales de la inmensa mayoría de la sociedad que suscribieron el mismo, es el de la agilización, simplificación y coordinación administrativa.
La salida de la excepcional crisis de la pandemia del coronavirus, en opinión de los nacionalistas progresistas, exige una mayor eficiencia en la gestión. En opinión de Sandra Domínguez, hay que pasar de las palabras a los hechos, es decir, que se impone la “aplicación” del concepto de la simplificación de la burocracia.
La parlamentaria por NC afirmó que “gran parte” de los problema de las administraciones, principalmente en el ámbito local, se producen en dos materias. En primer lugar, la contratación, que es una materia competencia del Estado. La normativa actual, según Domínguez, es un “corta y pega” de las directivas europeas. En su opinión, tiene que ser analizada con una perspectiva global para tender a su máxima flexibilización.
El segundo problema, agregó, se refiere a los procedimientos urbanísticos. La portavoz del grupo nacionalista progresista denunció que el 70% de la parálisis de la actividad económica y administrativa se produce por la obligación de trámitar distintas licencias, en diversos niveles de las instituciones, para poner en marcha un mismo proyecto o iniciativa.
Con el objetivo de hacer frente al reto más importante de la administración pública, a nivel canario y del Estado, como es la gestión; Sandra Domínguez esbozó una hoja de ruta que incluye una serie de propuestas que contribuirán a la reactivación a través de la simplificación de los procedimientos.
La diputada apostó por “inactivar” diversas solicitudes exigidas a los ciudadanos para ser sustituidas por otras “fórmulas” como la declaración responsable y la comunicación previa que conllevarán una reducción de los trámites.
Domínguez apostó además por la presentación de la documentación “de una sola vez”. Para la parlamentaria por NC “no se puede admitir” que se requieran papeles o expedientes que se encuentran en la propia administración y que se solicite la misma información en diversas fases procedimentales.
Para esta portavoz, se debe tender a una administración con un perfil “más austero”. Entidades públicas como los patronatos, entre los principales, tienen que ser reformulados o, en su caso, disueltos si han dejado de tener una finalidad.
Entre las medidas para una reforma integral del entramado institucional que defendió Domínguez, aludió a la utilización de un lenguaje “directo y adaptado” a la población. Según un estudio del Consejo General del Poder Judicial aludido por la diputada, el 82% de los ciudadanos no entiende los textos legislativos.
La estructura del personal también debe ser objeto de los cambios a cometer ya que, según la Unión Europea, en los próximos 15 años el 50% de los trabajadores se jubilarán. Sandra Domínguez alertó de la inestabilidad que provocará esta situación. Para la parlamentaria por el grupo nacionalista progresista se debe modificar la planificación, mejorar el rendimiento, promover la movilidad interadministrativa y las fuentes de trabajo en grupo. La capacidad colaborativa tiene que ser una “prioridad” así como la unificación de las bases de datos, proclamó.
Para Sandra Domínguez, estas propuestas tienen que servir para que la ciudadanía vea a la administración como una entidad “cercana, transparente, que actúa y defiende” a las personas. Hay que desterrar, recomendó, los casos en los que las instituciones públicas parecen un ”enemigo” del administrado.