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El senador gomero pide a la vicepresidenta del Ejecutivo central un calendario claro para la aprobación del decreto-ley que incluya la Agenda Canaria y la rebaja fiscal en las islas verdes
Madrid, 11 de marzo de 2026. El senador de la Agrupación Socialista Gomera (ASG), Fabián Chinea Correa, apeló hoy en la Comisión de Hacienda del Senado una “reforma inteligente” de la Ley de Estabilidad Presupuestaria para permitir que las administraciones públicas que han demostrado una gestión financiera responsable puedan utilizar sus superávits para inversiones y mejora de servicios públicos, tal y como ocurre en las administraciones de Canarias. Durante la comparecencia de la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, el senador defendió que el actual diseño de la regla de gasto está generando efectos disfuncionales en territorios como las Islas.
Chinea explicó que la regla de gasto, tal como está configurada actualmente en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, obliga en la práctica a destinar el superávit fundamentalmente a la reducción de deuda, limitando de forma significativa la capacidad de inversión para administraciones solventes en su gestión. A su juicio, esta situación responde a un marco normativo diseñado en un contexto económico muy distinto al actual. “El problema es evidente: administraciones que han hecho bien su trabajo, que tienen recursos disponibles y una situación financiera saneada, se ven obligadas a mantener esos recursos inmovilizados por una regla que fue diseñada para otro momento económico”, señaló el senador gomero.
El representante de ASG recordó que la regla de gasto no aparece como tal en la Constitución Española, sino que deriva de una ley orgánica aprobada en 2012 durante el contexto de la crisis financiera. Por ello, defendió que esa normativa “puede y debe ser revisada para adaptarse a la nueva realidad económica y al nuevo marco europeo de gobernanza fiscal”. En este sentido, Fabián Chinea preguntó directamente a la ministra si el Gobierno tiene intención de impulsar una reforma de la ley para actualizar el marco fiscal interno y hacerlo compatible con el nuevo sistema aprobado por la Unión Europea, basado en una planificación fiscal a medio plazo y en la sostenibilidad de la deuda a lo largo del ciclo económico. Esta nueva visión, según el senador, permitiría reforzar las políticas de inversión y servicios públicos en las administraciones de Canarias, “que, como ocurre por ejemplo en el Cabildo y ayuntamientos de La Gomera, han mostrado una gestión prudente y responsable”, dijo.
Chinea subrayó que cada vez son más las voces que cuestionan la rigidez del actual sistema de reglas fiscales en España. Según recordó, diversos análisis sobre gobernanza fiscal apuntan a que el marco establecido por la Ley de Estabilidad Presupuestaria presenta problemas tanto en su diseño como en su aplicación práctica y que su funcionamiento durante la última década ha sido claramente mejorable. Además, el senador de ASG advirtió de que España ha desarrollado un sistema particularmente rígido en comparación con otros países de su entorno, lo que ha generado, afirmó, “situaciones paradójicas como la acumulación de superávits en muchas administraciones públicas que, pese a contar con recursos y estabilidad financiera, encuentran grandes dificultades para destinarlos a inversiones o a la mejora de los servicios públicos”.
El senador gomero puso el caso de Canarias como ejemplo claro de esta situación. La comunidad autónoma, junto con muchos cabildos y ayuntamientos del Archipiélago, mantiene niveles de deuda reducidos y una gestión presupuestaria solvente, pero se encuentra limitada por la actual aplicación de la regla de gasto. “Canarias ha demostrado que se puede ser rigurosamente responsable en la gestión de las cuentas públicas. Precisamente por eso creemos que las reglas deben reconocer ese comportamiento y permitir que administraciones solventes puedan utilizar sus superávits para impulsar inversiones y reforzar los servicios que reciben los ciudadanos”, afirmó Fabián Chinea en defensa de una reforma de la legislación estatal sobre estabilidad presupuestaria.
En este contexto, Fabián Chinea planteó también la posibilidad de que, mientras no se produzca una reforma legal, como sería deseable “el Ministerio de Hacienda estudie y negocie mecanismos de flexibilización que permitan a las administraciones con cuentas saneadas utilizar sus recursos disponibles para destinarlos a políticas públicas prioritarias”.
Durante su intervención en la Comisión, el senador abordó además otros asuntos pendientes que afectan directamente a Canarias y que dependen de decisiones del Gobierno central. En primer lugar, preguntó a la ministra de Hacienda por el calendario previsto para la aprobación del decreto-ley comprometido para dar cumplimiento a los acuerdos incluidos en la llamada Agenda Canaria, ante la actual situación de prórroga de los Presupuestos Generales del Estado. Chinea recordó que la prórroga presupuestaria garantiza la continuidad administrativa, pero añadió que esta circunstancia no debería convertirse en un obstáculo para desarrollar compromisos ya pactados entre el Gobierno de España y el Gobierno de Canarias”, que incluyen medidas sociales, económicas y de inversión para el Archipiélago. “Si no hay nuevos Presupuestos, el decreto-ley específico para Canarias es el instrumento más razonable para avanzar en esos compromisos y evitar que queden paralizados indefinidamente”, señaló el representante gomero.
Finalmente, el senador planteó de nuevo a la responsable estatal de Hacienda la posibilidad de extender a La Gomera y El Hierro la rebaja fiscal en el IRPF que actualmente se aplica a los residentes en La Palma tras la erupción volcánica. A su juicio, estas tres islas “comparten dificultades estructurales como la doble insularidad, los sobrecostes de transporte o las limitaciones de conectividad”, por lo que una fiscalidad diferenciada podría contribuir a impulsar su desarrollo económico y favorecer la fijación de población. “Hablamos de territorios con condicionantes estructurales similares. Una fiscalidad específica para las islas verdes no sería un privilegio, sino una herramienta razonable para compensar esas desventajas y apoyar su desarrollo”, concluyó.
