Los hosteleros advierten que el recorte del aforo en las terrazas llevará a la ruina a muchos negocios

El plan de desescalada ideado por el Gobierno para el sector de la hostelería podría provocar el cierre de 85.000 bares y restaurantes si no se acompaña de otras medidas y apoyos, según la patronal Hostelería de España. El recorte de capacidad de las terrazas en una primera fase, y la reducción del aforo interior de los locales en una fase siguiente, podrían llevar a la ruina a muchos negocios, apunta. Esperan aclaraciones del Gobierno para evitar el cierre del 30% de los establecimientos que hay en España.

Los hosteleros han advertido del impacto que suponen restricciones como reducir el aforo de las terrazas en el momento de la reapertura -a partir del 11 de mayo-, y han reclamado al Ejecutivo que aclare algunas de estas instrucciones por considerarlas “confusas”.

“Con las condiciones de reapertura anunciadas, el cierre de establecimientos podría ascender hasta el 30% -de los más de 300.000 que hay en toda España-, lo que equivale a unos 85.000 locales”, han calculado

El Gobierno ha estipulado que los bares y restaurantes podrán reabrir desde el 4 de mayo el servicio de comida para llevar y desde el 11 sus terrazas, aunque en este último caso con el aforo reducido al 30 % para que se respeten las distancias de seguridad.

Dos semanas después está previsto dejar reabrir al público el interior de los bares y restaurantes con un tercio del aforo habitual y garantías de separación entre las mesas.

“A la espera de que se publiquen en el Boletín Oficial del Estado, nuestra primera valoración es que las medidas han sido precipitadas, con falta de consenso del sector y con muchas incógnitas todavía por despejar”, han señalado desde Hostelería de España

La patronal ha reclamado una vez más la flexibilización de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), ya que la normativa actual exige recuperar a toda la plantilla afectada y, en su opinión, será “imposible mantener las cifras de empleo anteriores a la crisis” durante al menos seis meses debido a la previsible caída de ingresos.

También han solicitado otras “garantías económicas” como exenciones fiscales y de tasas municipales, además de líneas de financiación a los empresarios del sector, ya que bajo su punto de vista “continúan siendo insuficientes”.

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