Melodie Mendoza insiste en la importancia de que La Gomera tenga un fiscal presencial

La diputada de ASG solicita que al menos, el fiscal se traslade dos veces por semana para atender a los casos más urgentes de una forma más cercana y eficaz

Mendoza también pide que se recupere el servicio que prestan los Puntos de Encuentro Familiar para que se instale en todas las Islas con garantías de permanencia 

La diputada del Grupo Parlamentario Agrupación Socialista Gomera (ASG), Melodie Mendoza, insiste en la importancia de que La Gomera cuente con un fiscal de forma presencial en la Isla, en lugar de llevarlas a cabo a través de videoconferencia, tal y como se está haciendo hasta ahora, ya que la ausencia de éste conlleva una mayor ralentización en el procedimiento. 

Por ello, pidió un esfuerzo por parte de la Fiscalía de la Comunidad Autónoma de Canarias para que se den los pasos necesarios que permitan que esta reivindicación sea una realidad, pues considera fundamental que se pongan los recursos necesarios para facilitar los desplazamientos. “Volvemos a insistir en este asunto, pidiendo que al menos, se desplace dos veces por semana y pueda atender los casos de mayor trascendencia y que por lo tanto, requieren inmediatez y cercanía”, destacó. 

Por otra parte, evidenció la carencia de un recurso esencial en el cumplimiento de los derechos del menor y el bienestar familiar como son los Puntos de Encuentro Familiar, ya que entre otras cuestiones, puntualizó que facilita el trabajo diario de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer a la hora de fijar medidas acordes con el interés superior del menor, tanto a la hora de resolver una orden de protección, como en el proceso civil. 

Al respecto, solicitó su implantación permanente en todas las Islas, a la vez que se garantiza que el servicio esté dotado del personal adecuado y necesario para atender a las demandas. Recordó los buenos resultados que obtuvo en La Gomera, donde estuvo funcionando de forma temporal, a través de Cruz Roja, por lo que lamentó que haya dejado de ofrecerse por falta de recursos. 

“Demandamos que este servicio esté regulado como un derecho del menor y no como un servicio social, por lo debe estar contemplado en la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género como un recurso propio de los Juzgados de Violencia de Género”, matizó. 

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