Las fuerzas sindicales respaldan por unanimidad la reclamación del Gobierno de Canarias para el cobro íntegro de los sexenios de los maestros

La consejera de Educación y Universidades explicó hoy a la representación sindical los argumentos que empleará el Gobierno de Canarias para evitar que el Estado recurra el incremento del complemento de sexenios recogido en los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma

La consejera de Educación y Universidades del Gobierno de Canarias, Soledad Monzón, el viceconsejero del área, David Pérez-Dionis y el director general de Personal de la Consejería, Juan Rafael Bailón, explicaron esta mañana a la representación de los sindicatos del sector educativo la estrategia que plantea llevar el Gobierno de Canarias a la Comisión bilateral de negociación entre el Estado y la Comunidad Autónoma, para evitar que el Gobierno central anule el cobro de los sexenios y los nuevos complementos retributivos, tal y como están recogidos en la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2019.

El importe de los sexenios y la incorporación de los otros complementos están recogidos con todo detalle en el convenio que todas las fuerzas sindicales suscribieron con el Gobierno de Canarias el 1 de septiembre de 2017. Sin embargo, el Gobierno del Estado publicó un Real Decreto-Ley el 21 de diciembre pasado, que restringe el incremento de los complementos retributivos en toda la función pública y que consideran que impediría aplicar el importe de los sexenios correspondiente a 2019.

Como ejemplo, el acuerdo de 2017 recogió en una tabla que el primer sexenio en la carrera docente se pagaría a 32,5 euros el primer año y que, en el segundo, se abonarían 55 euros por ese concepto, tal y como se recogió en la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma. La Consejería entiende que no se trata de un incremento, sino de cifras ya establecidas desde el año 2017 y que, fueron furto de una intensa negociación y de un acuerdo para la implantación de los sexenios en cinco años, hasta 2022, y no en un solo ejercicio, lo que sí habría supuesto una merma para las arcas canarias.

Todas las fuerzas sindicales entendieron y respaldaron los argumentos del Gobierno de Canarias y coincidieron en destacar que Canarias era la única Comunidad Autónoma que no tenía implantado el modelo de sexenios, por lo que parar ahora su implantación supondría perpetuar la desigualdad entre el profesorado canario y el del resto del Estado, por lo que mostraron su clara oposición a las intenciones del Estado de permitir un incremento en el importe de poco más del 2%, en aras de la contención del gasto. A este respecto, la representación de la Consejería también señaló la capacidad de las islas para abordar estos pagos sin sufrir problemas presupuestarios.

Más detalles sobre la discrepancia en el modelo de sexenios

El Gobierno del Estado ha manifestado al de Canarias su oposición a diferentes artículos contenidos de la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para este año, por entender que contravienen la normativa estatal. En el caso de Educación, la posición que defiende el Estado supondría una reducción de en torno a un 80 por ciento en el importe de los sexenios que cobra el profesorado en 2019.

Las objeciones del Estado se refieren concretamente a los epígrafes 1, 3 a) y b), y 5 del artículo 41 de la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2019. En ellos, se regula la aplicación de los complementos retributivos al profesorado canario, fruto del desarrollo del acuerdo alcanzado con la representación sindical para implantar el modelo de sexenios en las islas y homologar así sus salarios con los del resto de comunidades autónomas.

El Estado entiende que el importe de dichos complementos supera el límite legal establecido para la creación de nuevos complementos retributivos o aumentar el importe de los ya existentes, que estableció a través del Real Decreto-Ley 24/2018, de 21 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del sector público, por lo que el Gobierno estatal reclama ahora que se reduzca sustancialmente el importe de los sexenios a cobrar por el profesorado y se eliminen nuevos complementos.

La Comunidad Autónoma, por su parte, considera que las objeciones del Estado por el establecimiento de los importes de los sexenios y la regulación de varios complementos relativos a las coordinaciones que realiza el profesorado en áreas transversales, como son la prevención de riesgos laborales, la convivencia y las tecnologías de la información y la comunicación no son de aplicación en este caso.

El acuerdo para la implantación del modelo retributivo que ahora pone en cuestión el Estado se basó en una planificación plurianual, por la que el importe de los sexenios y el resto de complementos se iría incrementando progresivamente hasta el año 2022, cuando el modelo quedaría definitivamente implantado. De hecho, el propio acuerdo, suscrito el 1 de septiembre de 2017, recogía una tabla con los importes exactos a recibir por los sexenios en cada uno de los cinco años de implantación. Así se publicó en el Boletín Oficial de Canarias y así comenzó a implantarse ya en la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2018, que se aplicó con normalidad durante todo el año pasado.

En desarrollo del acuerdo, el presupuesto para este año 2019 incluyó, en el momento de su aprobación por el Parlamento autonómico el 19 de diciembre de 2018, la actualización de los complementos retributivos. Sin embargo, dos días después, el Estado publicaba el citado Real Decreto-Ley, cuando la Cámara autonómica ya había aprobado las cuentas para 2019, que se publicarían en el Boletín Oficial de Canarias el 31 de diciembre de 2018.

Precisamente, el no aplicar el total del importe de los sexenios desde el año 2018 obedeció a la voluntad de las partes de no causar un perjuicio a las arcas de la Comunidad Autónoma y seguir una senda de gasto perfectamente asumible durante el quinquenio de implantación de los sexenios y así se planificó hace casi dos años.

Por otro lado, el Gobierno recuerda que la razón de ser de los sexenios no es otra que la de homologar los salarios del profesorado de las islas con los del resto de Comunidades autónomas. Después de años de intentos para cerrar el modelo, por fin la Comunidad Autónoma dispone de suficiente capacidad presupuestaria para que en las Islas se cobre igual que en el resto de Comunidades Autónomas, por lo que impedirlo supondría un nuevo obstáculo para que Canarias pueda ofrecer empleos de calidad, con oportunidades de desarrollo de una carrera profesional en las mismas condiciones que el resto.

La Consejería de Educación y Universidades entiende que la aplicación inflexible de normas homogéneas de restricción del gasto vuelve a frenar la capacidad de crecimiento de las comunidades autónomas que han sido más eficientes en su política presupuestaria y que disponen de recursos propios suficientes como para mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos y, en el caso de Canarias, lograr ser más competitivos y mejorar en las comparaciones con las medias estatales.

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