Las empresas tendrán que tener a partir de mayo un registro de entrada y salida de cada trabajador

El BOE del pasado martes recoge el Decreto-ley de medidas urgentes de protección social y de lucha contra la precariedad laboral en la jornada de trabajo, aprobado el pasado viernes en Consejo de Ministros y que obliga a fichar, crea nuevas bonificaciones para contrataciones y mejora el subsidio para desempleados mayores de 52 años, entre otras muchas medidas.

Una de las circunstancias que han incidido en los problemas del control de la jornada por parte de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, así como en las dificultades de reclamación por parte de las personas trabajadoras afectadas por esa extralimitación horaria y que, a la postre, ha facilitado la realización de jornadas superiores a las legalmente establecidas o convencionalmente pactadas, ha sido la ausencia en el Estatuto de los Trabajadores de una obligación clara por parte de la empresa del registro de la jornada que realizan las personas trabajadoras.

La Audiencia Nacional, en Sentencia de 4 de diciembre de 2015, afirmó que «el registro de jornada, que no de horas extraordinarias, es el requisito constitutivo para controlar los excesos de jornada». Y, a mayor abundamiento, precisó que la inexistencia del registro «coloca a las personas trabajadoras en situación de indefensión que no puede atemperarse porque las horas extraordinarias sean voluntarias, puesto que el único medio de acreditarlas es, precisamente, el control diario». Aunque la interpretación recogida en esta Sentencia de la Audiencia Nacional no fue confirmada, el Tribunal Supremo en su Sentencia 246/2017, de 23 de marzo, afirmó que « convendría una reforma legislativa que clarificara la obligación de llevar un registro horario y facilitara al trabajador la prueba de la realización de horas extraordinarias…»

Con esta norma, el Gobierno crea los registros de entrada y salida de cada trabajador, que deberán tener todas las empresas y que servirán para controlar que no se excedan las jornadas laborales máximas exigidas en la normativa y que, en su caso, se retribuyan las horas extras.

Las empresas deberán contar con este registro a partir del próximo 12 de mayo y conservarlo durante cuatro años a disposición de la inspección de trabajo. De hecho, el propio texto establece multas para las empresas que no lo implementen o no lo guarden durante ese periodo.

Otras de las medidas incluidas en este Decreto-Ley entran en vigor el próximo uno de abril. Es el caso del aumento de las asignaciones por hijos a cargo para las familias con menos ingresos, que pasan de 341 a 588 euros; y de las bonificaciones por contratar a personas que hayan estado desempleadas durante 12 meses de los 18 anteriores. Estas últimas, que serán de hasta 108,33€ al mes (125 en el caso de trabajadoras), se mantendrán solo si el contrato dura al menos tres años y se mantiene el nivel de empleo de la firma -excepto por causas no imputables a despidos improcedentes, como las jubilaciones.

También aplica a partir del mes que viene la mejora del subsidio para desempleados mayores de 55 años, que vuelve a ser para mayores de 52. Además, no se tendrán en cuenta otras rentas familiares para poder acceder a la ayuda (con que el solicitante no supere el 75% del salario mínimo será suficiente) y estará vigente hasta la edad ordinaria de jubilación. La base de cotización (que se tendrá en cuenta para la futura jubilación) sube al 125%. Estas mejoras se aplicarán a todos los desempleados que estén recibiendo el subsidio o que cumplan los requisitos a partir del próximo 1 de abril.

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