Sí se puede exige una solución a la situación de las trabajadoras de la empresa Ralons en el hospital de La Gomera

Las trabajadoras que prestan el servicio de limpieza en el Hospital Nuestra Señora de Guadalupe llevan cinco meses sin cobrar

Sí se puede La Gomera se hace eco de la intolerable situación de las personas trabajadoras de la empresa Ralons que prestan sus servicios en la limpieza de las dependencias del Hospital Insular. Desde la formación se tacha de “indecente” que las trabajadoras que prestan sus servicios en el Hospital lleven cinco meses sin cobrar.

Rubén Martínez Carmona, portavoz de la formación, señala: “Es inadmisible que una empresa que cobra en tiempo y forma de las instituciones públicas sea incapaz de pagar a sus trabajadores de la misma forma. Cada vez es mayor el retraso en el cobro de sus nóminas, pasando de 15 días a cinco meses, lo que afecta gravemente a personas en situación precaria. Parece ser que mientras Miguel Ángel Ramírez, presidente de Ralons y de la UD Las Palmas, disfruta por todo lo alto de estas fechas navideñas, en La Gomera, las trabajadoras de su empresa han de apretarse el cinturón porque él no cumple con sus obligaciones”.

Para Sí se puede, la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias y la Gerencia del Hospital Nuestra Señora de Guadalupe deben articular las medidas para poner fin a una situación que se viene repitiendo desde el año pasado. Advierten que el retraso en el pago de nóminas hasta mediados de mes, que era sistemático, ha pasado a convertirse en cinco meses sin pagar.

La formación de izquierdas exige a las autoridades sanitarias en La Gomera que hagan cumplir a la empresa Ralons con las obligaciones que tiene la empresa con respecto a sus trabajadores.

Desde Sí se puede se recuerda que el apoyo que mostró la formación ecosocialista a las personas afectadas ante una situación similar que se daba con esta misma empresa en el Cabildo Insular en 2017 fue fundamental para que se lograra una solución.

Para la formación asamblearia, todos estos hechos, que llevan a las familias afectadas a pasar por situaciones absolutamente injustas de precariedad, demuestran que la privatización de servicios estratégicos por las administraciones públicas, como son los de limpieza y seguridad, han provocado la degradación de la calidad de los servicios y de las condiciones laborales, entre ellos, los salarios a percibir por las trabajadoras y trabajadores.

Señalan que se deben articular medidas para que las contrataciones de las entidades públicas también se supediten a criterios éticos y sociales, rescindiendo los contratos que no cumplan con ellos.

Martínez comenta al respecto: “Si se hubiesen aplicado en la contratación determinados criterios de carácter social o éticos, con toda probabilidad este problema no hubiese ocurrido, conociéndose, como ya sabíamos, la trayectoria de dicha empresa”.

En tal sentido, recuerdan que Sí se puede presentó una moción en el Cabildo Insular de La Gomera en junio de 2016 para que se aplicasen criterios sociales, éticos y medioambientales en materia de contratación, propuesta que fue rechazada únicamente por los votos de ASG.

Y concluye: “Es absolutamente anormal que empresas con una trayectoria tan significada negativamente en el respeto a los derechos laborales de sus trabajadores sigan obteniendo contratos de las administraciones. No hay excusas para no pagar las nóminas en tiempo y forma cuando se cobra de las administraciones públicas, y por parte de estas, se deben aplicar medidas para acabar con situaciones tan injustas”.

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