ASG pide que la Prestación Canaria de Inserción consiga la plena inclusión social y laboral

Melodie Mendoza destaca que una de las enmiendas de su partido a la Ley de Servicios Sociales estuvo centrada en que esta ayuda tenga una duración indefinida mientras persista el riesgo de exclusión social

Agrupación Socialista Gomera (ASG) solicitó al Gobierno de Canarias que las propuestas de actuación planteadas en la Mesa de Concertación Social referentes a la Prestación Canaria de Inserción (PCI), se lleven a cabo en el menor tiempo posible y sirvan para mejorar la calidad de vida de todos los canarios, combatir la pobreza y conseguir la plena inclusión social y laboral.

La diputada de ASG Melodie Mendoza recalcó, en comisión parlamentaria sobre Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, que “las políticas de inclusión social deben centrar sus esfuerzos para lograr que los ciudadanos canarios salgan en el menor tiempo posible del riesgo de exclusión y del círculo de la pobreza”.

En este sentido, valoró que la mesa de trabajo “haya dado paso a mejorar los requisitos de la PCI para que esta tenga una mayor eficiencia, se amplíe su cobertura y permita llegar al mayor número de familias desfavorecidas”.

Por ello, Mendoza señaló que una de las enmiendas que ASG presentó al proyecto de ley de Servicios Sociales se basó en que se eliminen los límites temporales y la renovación en la PCI pues “el derecho a la percepción de la ayuda económica básica debe tener una duración indefinida, siempre y cuando, persista el riesgo de exclusión social, manteniéndose el sistema de revisión hasta que mejore la situación económica del perceptor”.

Asimismo, aludió a la cooperación y el consenso para “ser capaces de marcar objetivos y desarrollar medidas concretas que nos permitan mejorar la calidad de vida de nuestros canarios con especial hincapié en los colectivos más vulnerables como son las mujeres, los jóvenes o los mayores de 65 años”.

Por último, Mendoza lamentó que el sistema de renovación de la PCI se ha mostrado ineficaz y “esto ha obligado en la práctica a resolver negativamente todas las resoluciones cuando se ha llegado al límite máximo de la Ley, a pesar de que el perceptor de la prestación continúe en riesgo de exclusión social”.

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