El Gobierno de Canarias exige la suspensión cautelar de la privatización de AENA

aeropuerto fachada 1El Gobierno de Canarias exigirá ante el Tribunal Supremo la suspensión cautelar del proceso privatizador del 49 por ciento del capital social de AENA, al menos en lo que concierne a los aeropuertos del Archipiélago. Después de que el Consejo de Ministros de hoy haya acordado iniciar la segunda fase del proceso y sacar a Bolsa el 21 por ciento de la empresa, el consejero de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial del Gobierno autonómico, Domingo Berriel, ha insistido en que “el Estado pretende vender lo que no es suyo”, en referencia al artículo 33.13 del Estatuto de Autonomía de Canarias, en el que se incluyen textualmente dentro de las competencias de ejecución de la Comunidad Autónoma, los puertos y aeropuertos con calificación de interés general, cuando el Estado no se reserve su gestión directa.

Berriel recordó que, desde el inicio del proceso de privatización, el Gobierno de Canarias ha manifestado al Estado su desacuerdo con la privatización parcial de AENA, en lo que respecta a los aeropuertos de una Comunidad, reconocida como Región Ultraperiférica por la Unión Europea, entre otros factores, por la especial dificultad de sus habitantes en la conectividad con el resto del territorio europeo, agravada en el caso de Canarias por su condición de Archipiélago y, por tanto, por su territorio fragmentado, que convierte a la infraestructura aeroportuaria en fundamental para la cohesión social, además de estratégica para el desarrollo económico.

La Comunidad Autónoma ha planteado al Ministerio de Fomento que la fórmula de gestión de sus aeropuertos debería ser parecida a la de las Autoridades Portuarias, con participación del Estado, las Administraciones autonómicas y locales y de los principales operadores y sindicatos. Sin embargo, el consejero asegura que el Ministerio de Fomento, “nunca ha querido iniciar un diálogo en esa línea y se ha limitado a vender el patrimonio de todos, sin consultar ni tan siquiera informar al Gobierno autonómico”.

Ante estos acontecimientos, Domingo Berriel recuerda que el Boletín Oficial del Estado publicó el pasado martes, 12 de enero, el inicio de las negociaciones entre el Estado y la Comunidad Autónoma de Canarias, en el seno de la Comisión Bilateral de Cooperación Administrativa, para trata de resolver las discrepancias entre ambas al respecto del derecho del Estado a privatizar los aeropuertos canarios, como paso previo a la presentación de un recurso de inconstitucionalidad.

Además, hace sólo una semana, el día 15 de enero, la Sala Tercera del Tribunal Supremo admitió a trámite el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra el silencio administrativo que se produjo ante el requerimiento, de 17 de octubre de 2014, del Gobierno de Canarias al Consejo de Ministros, de modificación del acuerdo de 11 de julio de ese año, mediante el que se autorizó a Enaire a iniciar la venta del capital social de AENA.

Por todas estas circunstancias, el Gobierno de Canarias considera que el continuar adelante con la privatización de AENA, cuando todavía no se ha resuelto la negociación con la Comunidad Autónoma y cuando se acaba de admitir a trámite un recurso contra las actuaciones del Consejo de Ministros que la sustentan, sería cuando menos un acto de irresponsabilidad y que, de fallar los tribunales a favor de las tesis del Gobierno autónomo, podría suponer un serio quebranto económico a las arcas del Estado y, por tanto, ir contra el interés general de todos los ciudadanos.

Un extremo, que el consejero canario unía en sus declaraciones a las manifestaciones de Íñigo Meirás, consejero delegado de Ferrovial, quien en la jornada “Perspectivas económicas España 2015”, organizadas el pasado 15 de diciembre por El Confidencial y Pimco, aseguró que la compra del 6,5 por ciento de AENA como socio de referencia es, en principio contraria a la política de inversiones habitual de su compañía, pero obedece a que “nuestra apuesta es que haya una segunda fase de privatización y que Aena acabe privatizándose en su totalidad”.

Así, con la referencia añadida de que los miembros del “núcleo duro” ya hablan de privatización total, cuando acaban de sentarse en el Consejo de Administración de AENA, el Gobierno canario ha ordenado el inicio de los trámites para solicitar de inmediato la suspensión cautelar del proceso privatizador de AENA, hasta que se resuelvan las negociaciones y recursos judiciales pendientes con la representación de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Como conclusión, el consejero canario señaló que todos los recursos de la Comunidad Autónoma se basan en que la gestión de AENA con la privatización parcial pasa a ser indirecta, por mucho que el Estado se esfuerce en defender lo contrario. “Pero,” –puntualizó Berriel- “al margen del debate competencial, no entendemos cómo el Estado puede vender una empresa pública que, según sus previsiones, dará cientos de millones de euros de beneficios en 2015.” A su juicio, el Estado, con esta privatización, “persigue cualquier objetivo, menos el interés genera. Puesto que sostiene que ha hecho rentable la empresa, ¿por qué la vende?”.

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