Para el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, las prospecciones pueden seguir su curso

Tribunal Superior de Justicia de CanariasEl Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha desestimado este martes la solicitud plateada por el Gobierno canario para que se suspendieran cautelarmente las prospecciones petrolíferas que realiza Repsol desde pasado el 18 de noviembre a 50 kilómetros al este de Fuerteventura y Lanzarote.

Según ha adelantado el propio TSJC, esta decisión de la Sala de lo Contencioso Administrativo cuenta con un voto particular que discrepa de la opinión de la mayoría de magistrados. Por otro lado, el presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, ha tachado este martes de «godada» el informe de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, que desaconseja las prospecciones en el Golfo de Valencia. Nos están tomando el pelo, se ríen de todos los canarios En respuesta a dos preguntas parlamentarias de los grupos que apoyan al Ejecutivo (CC y PSOE) en la sesión de control, ha destacado que este documento «es una decisión escandalosa, un desprecio y una humillación a los canarios, una cacicada, con el agravante de que está impulsado por un canario».

El presidente ha recordado que lleva meses anunciando que la declaración de impacto ambiental negativa en el Mediterráneo «se venía cocinando a fuego lento», ya que, a su juicio, «han querido resolver un conflicto político en Valencia, Málaga y Baleares propiciando una declaración de impacto negativo». «Nos están tomando el pelo, se ríen de todos los canarios», ha destacado al señalar que en su momento, el rechazo se basaba en que los sondeos se harían a 3 kilómetros, y el propio informe, ha dicho, dice que están a 50 kilómetros de Valencia e Ibiza. «Además de atropellos, nos han mentido», ha apuntado.

Para Rivero, la actuación del Gobierno central «es de trato colonial, de desprecio al pueblo canario», ya que supone una «clara arbitrariedad» que vulnera la Constitución, por lo que el Ejecutivo ya estudia emprender acciones legales y penales contra autoridades y funcionarios. De hecho, a este informe ha contrapuesto otro de la Universidad de La Laguna (ULL) que demuestra que «la diferencia de trato es escandolosa», ya que, según la versión del presidente, en Baleares se desprecia el informe de impacto de la empresa concesionaria y en Canarias, «se asume al 100%» el de Repsol, por ejemplo.

Por el Grupo Socialista, el portavoz, Manuel Fajardo, ha criticado «tres años de arbitrariedades puras y duras» del Gobierno central, haciendo hincapié en la modificación de las tasas aeroportuarias, los «incumplimientos» de los convenios de carreteras, infraestructuras turísticas y educativas, el certificado de residencia para viajar, el «reparto» de los Presupuestos Generales del Estado, que se ‘premie’ a las Comunidades que incumplieron el déficit o que se hagan «informes a la carta» sobre las prospecciones. «Jamás una mayoría absoluta ha hecho tanto daño a España y Canarias, solo lo superan las dictaduras», ha comentado.

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