La reforma del estatuto de autonomía arranca sin consenso y con un futuro incierto

parlamento de canarias interiorSi el consenso es una condición necesaria para un estatuto de autonomía, norma básica del autogobierno de una región, la reforma que Coalición Canaria y PSOE intentan impulsar en las Islas nace con serios problemas. El Parlamento de Canarias dio ayer luz verde a la tramitación del proceso de modificación del actual texto estatutario, pero lo hizo solo con los votos de los socios de gobierno y con el rechazo del Partido Popular, principal fuerza de la oposición, que instó a nacionalistas y socialistas a aparcar el proyecto y centrarse en superar el difícil momento económico que vive el Archipiélago.

El proyecto de nuevo estatuto es “más social, democrático e integrador” y una “herramienta eficaz para el futuro”, según los grupos que lo promueven; “una cortina de humo para desviar la atención de lo verdaderamente importante”, según el PP; y un proyecto que surge “sin debate y ajeno a la sociedad”, según el grupo mixto. Así ven las formaciones políticas representadas en la Cámara regional la primera tentativa desde 2007 de reformar el Estatuto de Autonomía canario, a la que puede esperarle un fin similar a aquella, puesto que la mayoría absoluta de los populares en el Congreso no parece ofrecer muchas garantías de éxito.

Pese a estas opiniones enfrentadas, el diputado del grupo nacionalista canario José Miguel Ruano (CC) defendió que el método elegido para tramitar la iniciativa “permite llegar a acuerdos”. Así, Ruano explicó que, tras la toma en consideración por el Pleno del Parlamento, el texto será sometido al dictamen del Consejo Consultivo y, a continuación, debatido con los cabildos. “Queremos contar con todos los grupos”, afirmó Ruano después de recordar la negativa de los populares a formar parte de la ponencia encargada de elaborar la propuesta del nuevo Estatuto.

A diferencia de otras comunidades autónomas, recalcó el parlamentario de Coalición, Canarias ha evitado los “desafíos” y ha optado por “un compromiso claro de responsabilidad”, cuya base es el texto de 2006 en el que participaron todas las fuerzas parlamentarias y que luego el Ejecutivo regional decidió retirar debido a los cambios que sufrió a su paso por las Cortes Generales.

“La pregunta que hay que hacerse es si el actual marco normativo, el Estatuto de 1982, es suficiente para afrontar el nuevo escenario, y la respuesta es no”, argumentó Ruano. El Estatuto que tramitan nacionalistas y socialistas constituye, a su juicio, un instrumento para el medio y largo plazo, para que “el pueblo canario tenga un futuro económico y social equiparable al del resto de pueblos de Europa”.

Antes del exconsejero de Presidencia y Educación había intervenido el diputado del PSOE Julio Cruz, quien detalló los motivos por los que el nuevo marco autonómico será “más social, democrático e integrador”.

Así, el futuro Estatuto “consagrará un conjunto de derechos y deberes que contribuirán a ampliar la protección del Estado del Bienestar”, entre las que se incluye una renta de ciudadanía. Igualmente, mediante la reforma del sistema electoral, pretende facilitar el acceso al Parlamento de más partidos y “profundizar en la vocación regional” con la creación de una circunscripción autonómica además de las insulares.

El proyecto contempla la “modulación” de las políticas estatales en Canarias, de tal forma que actuaciones trascendentales para la Comunidad Autónoma puedan ser modificadas en función de la situación presupuestaria, pero no “ignoradas por sectarismo” o suprimidas por la “mera voluntad” del Gobierno central. Se trata, en suma, de una cierta protección hacia los recortes.

El nuevo Estatuto también proporcionaría, continuó Cruz, un blindaje jurídico al Régimen Económico y Fiscal (REF), y busca nuevas competencias para la Comunidad en materia de costas, tráfico aéreo interinsular o cogestión de los aeropuertos.

El secretario general del PP, Asier Antona, ejerció como portavoz de los populares en el debate y dejó claro desde un principio que su grupo votaría contra la toma en consideración de la iniciativa. “No se dan las circunstancias: no hay voluntad compartida, ni necesidad objetiva, ni consenso político, ni sentido de la oportunidad”, resumió.

Antona calificó de “insólito” que se emprenda un proceso de esta importancia con la oposición de la primera fuerza política de la Cámara y sin haber recabado el concurso de cabildos y ayuntamientos. Una reforma estatutaria, dijo, “ha de ser fruto, como en el pasado, del máximo consenso”.

Lo inapropiado del momento elegido, cuando Canarias “apenas inicia la senda de la recuperación económica”, es otro de los argumentos esgrimidos por el PP para sustentar su rechazo. Pese a ello, la formación opositora mostró su disposición a sumarse en el futuro a una reforma que incorpore “tres elementos”: control del déficit, una reorganización “ambiciosa” de la administración y una simplificación normativa. “Ahora mismo es frívolo e irresponsable”, advirtió Antona, quien dudó de que CC y PSOE deseen realmente la reforma. “Es una pose”, sentenció.

El grupo mixto se abstuvo en la votación, no porque discuta la necesidad de modificar el Estatuto, sino porque el proceso que plantean los socios de gobierno carece de un debate previo y del apoyo de la sociedad, señaló Román Rodríguez, portavoz de Nueva Canarias. “No hay un pueblo detrás. Esto es un debate encorsetado, partidista y para tranquilizar sus conciencias”, expuso.

Según Rodríguez, a CC y PSOE les mueven sus ansias de “mandar”, lo que le genera la sospecha de que, en caso de una nueva alianza de gobierno, el Estatuto “se intercambiaría como una estampita”. “Concéntrense en las cosas que podemos mejorar, como el empleo o los servicios públicos”, aconsejó el expresidente.

El Gobierno de Canarias no cree que sobren municipios ni pretende promover la desaparición de ninguno, pero ofrecerá la posibilidad de fusionarse a los que así lo deseen.

La futura ley del sector público local de la Comunidad Autónoma contemplará esta eventualidad, según adelantó ayer en el Parlamento el consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad del Ejecutivo regional, Francisco Hernández Spínola, en respuesta a una pregunta del diputado del PP Fernando Enseñat, quien denunció esta actitud en quien se ha destacado como “un supuesto abanderado de la tesis de que en Canarias no sobra ningún municipio”.

Spínola se reafirmó en su oposición a la eliminación de corporaciones locales -“lo digo hoy y lo diré siempre”, aseguró-, pero matizó que “otra cosa es que se prevea la posibilidad en la ley” si existe voluntad de los ayuntamientos. “No respetaríamos la autonomía municipal si dos municipios decidieran fusionarse y no lo permitiéramos”, indicó el consejero regional de Presidencia.

“Si el Partido Popular considera que sobran municipios que diga cuáles”, espetó Spínola al parlamentario opositor.

Por su parte, Enseñat repuso que el Ejecutivo “promueve la fusión, y por lo tanto la desaparición” de localidades, y añadió que la futura norma prevé, incluso, medidas que incentiven ese proceso.

“No lo entiendo. Se han pasado años arremetiendo contra la ley de racionalización administrativa del Gobierno de España, que también contempla la fusión voluntaria. ¿Qué ha cambiado ahora?”, se preguntó el diputado del PP.

La futura ley del sector público local de Canarias busca, entre otros objetivos, aclarar las funciones de una mancomunidad o consorcio y prevé las fórmulas para producir fusiones voluntarias y también segregaciones de municipios, procesos que en ningún caso podrán suponer la creación de municipios de menos de 5.000 habitantes.

Miguel Gómez/El Día.es

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