El PSOE acusa al PP de defender los intereses de la anterior concesionaria de guaguas frente a los generales de todos los gomeros

guaguas en alajeróEl Partido Socialista Canario-PSOE en el Cabildo de La Gomera acusó hoy a los miembros del Partido Popular (PP) de “no enterarse” de nada y de “defender los intereses de un empresario particular en vez de los generales de todos los ciudadanos” en referencia a la empresa Servicio Regular Gomera SL (SRG). Los socialistas tachan de “rotundamente falso” que la compañía haya ganado este largo proceso judicial y además recuerdan que los tribunales ya reconocieron en su momento que la dirección de la empresa pretendía “quedarse de forma sistemática con el dinero del Cabildo” hasta el punto de que una sentencia fijó una deuda a favor de la institución de 1.392.238,07 euros. “Lo único que ocurre es que como desde el grupo de gobierno del Cabildo, con muy buen criterio, se optó por no pagarle el déficit operativo de cada año, ahora se tendrán que compensar las cantidades. Pero los tribunales ya han demostrado que desde esta empresa se ha llevado a cabo una estrategia sistemática para quedarse con el dinero de todos los gomeros. Estrategia que al parecer está siendo apoyada por el PP”.

El PSOE acusa a los populares de “intentar confundir” y de “no querer enterarse” del contenido real de la sentencia emitida por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que únicamente fija en 2013 el plazo de finalización de la concesión de la empresa que antes asumía el tráfico de guaguas. Los socialistas recuerdan que tal y como se ha demostrado ya en sucesivos fallos judiciales SRG SA llevó a cabo “cobros indebidos” al Cabildo con facturas y el déficit inflado con el fin de recibir más dinero público. “Ahora tan sólo nos encontramos en la última fase de una larga batalla judicial que en su totalidad ha sido favorable al Cabildo”. Según los cálculos que maneja la institución insular la liquidación de saldos recíprocos se situaría en casi medio millón de euros a favor del Cabildo, una cifra a la que habría que restarle ahora el supuesto lucro cesante. En cualquier caso se estima que el saldo final será siempre positivo a favor de la institución y la cifra concreta se determinará ahora durante la ejecución de la sentencia.

Desde el PSOE se recuerda que los tribunales ya han demostrado que el empresario que antes asumía este servicio incurrió en determinadas “artimañas” como era doblar el déficit operativo con el fin de recibir más dinero del Cabildo. Así, por ejemplo, en 2002 se pretendió cobrar cerca de medio millón de euros en ayudas, cuando en realidad el valor era de 231.000 euros. Igualmente, en 2003 se presentaron facturas por valor de 787.0000 euros de las que tan sólo se pudieron demostrar como reales 386.591. “No olvidemos que el gerente se había puesto un salario de 73.000 euros anuales, que alquilaba por 6.000 euros al mes una nave que según un peritaje no valía más de 2.700 o que se cedía a sí mismo vehículos propios por un precio desorbitado. Estas irregularidades sí que están demostradas en sentencias firmes”, indican los socialistas. “Artimañas que fueron apoyadas siempre por los populares desde el Cabildo que no han dudado en respaldar al empresario como han vuelto a hacer ahora”,indican los socialistas.

Servicios Jurídicos

Por otro lado los servicios jurídicos del Cabildo recogen que el Juzgado de lo Mercantil de Santa Cruz de Tenerife dio por disuelta SRG el 12 de diciembre de 2011, por lo tanto 17 meses antes de la fecha que según el TSJC expiraba la concesión que se fija ahora en el 23 de julio de 2013. Por ello, según los servicios jurídicos de la institución insular, la disolución de la compañía es causa “de resolución contractual que opera automáticamente”. De esta manera, el contrato concesional, de haberse seguido prestando por SRG se habría resuelto de manera automática, “es decir por su disolución”.

Los servicios jurídicos apuntan que en el período de ejecución del fallo que se abre ahora los dueños de la compañía deberán presentar la documentación que acredite que efectivamente dejaron de ganar dinero durante este tiempo. Un extremo que se considera muy dudoso dado que la situación de la empresa fue siempre deficitaria. En el informe elaborado por los letrados que trabajan para el Cabildo se recuerda que el acuerdo del Cabildo para resolver el contrato se adoptó según un informe favorable del Consejo Consultivo de Canarias. Las fechas para dar por agotada la concesión fueron según el Cabildo, el mes de julio de 2008 aunque luego en una sesión plenaria celebrada en 2009 se extendió hasta junio de 2010. Sin embargo, según la compañía el contrato tenía una vigencia que se debería haber extendido hasta 2027. El último fallo judicial del TSJC sitúa este límite temporal en julio de 2013, cuando ya la compañía había sido disuelta casi un año y medio antes. “Hay que recordar que la declaración de quiebra fue instada por la propia sociedad y sus socios, al no poder seguir gestionando el servicio una vez que salieron a la luz las graves deficiencias en las que estaba incurriendo. De hecho, estos empresarios perdieron todos los recursos que interpusieron en contra de las liquidaciones que se fueron haciendo”, señalan los servicios jurídicos del Cabildo.

Por lo tanto durante este largo y complicado proceso judicial la principal cuestión a concretar se centró en determinar cuál era el plazo real y cuándo empezaba el cómputo de la delegación para realizar el servicio. Hubo dos interpretaciones; por un lado la del Cabildo, avalada por el Consejo Consultivo, que lo situó en julio de 2008 y la de la empresa que lo concretaba en mayo de 2027. En primera instancia el Juzgado de lo contencioso administrativo determinó a principios de 2012 que el inició de esta concesión era el mes de julio de 1987 y tenia una vigencia de 25 años, por lo cual acababa el 23 de julio de 2013.

Prensa Cabildo Insular de la Gomera

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