Se cumplen tres años de políticas de austeridad en España: más pobre, endeudada y en recesión

zp rajoyEsta semana se cumplen tres años de la llegada de las recetas de austeridad a España. El 7 de mayo de 2010 comenzaba la que se anunciaba como una cumbre europea destinada a tratar la crisis griega y la creación de un mecanismo financiero que sirviera de cortafuegos ante un hipotético contagio en países del euro. Sin embargo, se dio comienzo a una política de ajuste del gasto y subidas de impuestos que ha sido mantenida por los dos últimos ejecutivos y que ha tenido uno de sus más claros exponentes en la reforma constitucional aprobada de forma urgente para consagrar el ajuste de cuentas.

El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, caracterizado hasta entonces por la expansión del gasto público y la defensa del déficit público como un arma política, se vio obligado (por la realidad y las presiones de países como Alemania y Francia) a comenzar el 9 de mayo de 2010 una estrategia -la de la consolidación fiscal- que, a la vista de los datos, ha provocado un empeoramiento de los principales indicadores económicos.

A pesar de que el propio presidente Mariano Rajoy ha ratificado su convicción respecto a los ajustes (“Sin consolidación fiscal es imposible volver al crecimiento y el empleo”, ha señalado este lunes), cada vez son más los economistas y países contrarios a las políticas de ajuste que no apoyan el crecimiento con medidas de estímulo, ya que los posibles ahorros logrados no compensan las pérdidas de recaudación y aumentos de gastos ocasionados por los tijeretazos.

Economistas del FMI como Reda Cherif y Fuad Hasanov sostienen en este artículo que la consolidación fiscal que conlleva reducciones bruscas del déficit son “arriesgadas, y que se debe emprender una senda de corrección más lenta”. Más allá se atreve a llegar el profesor de la London School of Economics Paul De Grauwe, para quien “los tiempos y la intesidad de los programas de austeridad han sido dictados por sentimientos de pánico y miedo, en vez de ser el resultado de procesos de decisión racionales”. En opinión de este analista belga, el escenario “deseable” conlleva un inevitable ajuste del déficit extendido en el tiempo para los países del sur, mezclado con estímulos fiscales de países del norte.

Otros estudiosos como Guntram B. Wolf, del think tank europeo Bruegel, reclaman una especie de plan Marshall (grandes inversiones públicas) en los países del sur para revigorizar el crecimiento de sus economías. Precisamente un plan así, en favor del crecimiento y el empleo, se anunció ya en junio de 2012. Entonces se anunciaron 120.000 millones de euros, el equivalente al 1% del PIB europeo, para impulsar medidas de crecimiento rápido. La medida no parece haber tenido un desarrollo continuado desde entonces.

Más impuestos, menos gasto

Mayo de 2010 supuso la imposición de una sola forma de hacer política en la zona euro. Los últimos tres años han estado marcados, no solo en España, por medidas de ajuste lanzadas siempre en dos direcciones: reducir el gasto público y aumentar los ingresos vía impuestos y tasas.

Tanto Zapatero como Rajoy se mostraron como firmes defensores de las bajadas de impuestos. Posiciones a las que ambos han tenido que renunciar en pos de la consolidación fiscal. Los españoles han visto como han ido perdiendo poder adquisitivo debido, entre otras medidas, a las dos subidas del IVA y al “gravamen adicional” en el IRPF aprobados por los populares en 2011 y 2012. El impuesto de la renta ya había sido incrementado en 2010 por el Ejecutivo de ZP, que había creado dos nuevos tramos para los salarios más altos.

Junto al incremento de la presión fiscal se han aprobado innumerables medidas de recorte del gasto público. Las primeras, en aquel mayo de 2010, eliminaban derechos sociales de nuevo cuño, como el cheque bebé, al tiempo que se suspendía la revalorazación de las pensiones y se rebajó un 5% el salario de los funcionarios.

Desde entonces, y tras el cambio de Gobierno, los recortes y tijeretazos han sido la constante en los presupuestos tanto de la administración central como las autonómicas y locales: recortes del 22% en el gasto sanitario, nueva no actualización de las pensiones, supresión de una paga extra a los funcionarios, repago farmacéutico, tasas judiciales

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