Ruymán García, condenado a cuatro años de cárcel y ocho años de inhabilitación

La Audiencia Provincial impone, además, ocho años de inhabilitación al exalcalde por malversación. El tribunal considera probado que García, siendo concejal de Hacienda, contrató a una monitora de ludoteca “en virtud de sus lazos personales” y sin que la beneficiaria llegara siquiera a desarrollar su actividad laboral.

La Audiencia de Santa Cruz de Tenerife ha condenado al exalcalde de Valle Gran Rey (La Gomera) Ruymán García a cuatro años y medio de cárcel y ocho de inhabilitación absoluta por un delito de malversación, por contratar a una empleada en el Ayuntamiento a dedo y contraviniendo la ley.

La sentencia impone además a García, en la actualidad concejal del PSOE, otra pena de siete años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por un delito de prevaricación.

El exalcalde deberá indemnizar al ayuntamiento por los costes laborales que supusieron los abonos de los salarios a Yaiza Mesa, la monitora a la que contrató a sabiendas de que cometía una ilegalidad.

La Audiencia Provincial considera probado que en enero de 2008 García, entonces primer teniente de alcalde y concejal de Hacienda, Personal y Planificación, suscribió un contrato a Mesa como monitora de la ludoteca con “plena consciencia de su ilegalidad y en virtud de sus lazos personales”.

El contrato se extendió hasta el 3 de julio, con un salario bruto de 5.700,86 euros y unos gastos de seguridad social que ascendieron a 1.711,10 euros. Se realizó sin cumplir las condiciones legales y sin respetar los principios de inmediación, igualdad y publicidad, y por orden directa de Ruymán García.

García autorizó los gastos y firmó las nóminas, aunque las de junio y julio no llegaron a hacerse efectivas porque el alcalde ordenó la paralización de los pagos.

Las cantidades fueron abonadas mediante transferencia bancaria a Mesa, a pesar de que el servicio de ludoteca no se prestaba en los meses a los que se refería el contrato, sino solo en vacaciones escolares. La beneficiaria percibió los salarios sin desarrollar actividad laboral alguna y con conocimiento pleno de la situación.

En cambio, Yaiza Mesa ha sido absuelta de tráfico de influencias al no haberse podido acreditar que se haya prevalido de su relación personal con García para obtener un beneficio económico.

Contra la sentencia cabe interponer recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

 

 

Fuente: eldia.es

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