Al Consejo de Estado le resulta “raro” que se prohíban donaciones de empresas a los partidos pero no a sus fundaciones

cajacanarias-fundacionEl Consejo de Estado considera “llamativo” que el Gobierno haya decidido prohibir las donaciones de empresas a los partidos y, en cambio, se permitan a las fundaciones que dependen de esas formaciones políticas, por lo que aconseja controlar esos fondos.

Así se refleja en el informe, recogido por Europa Press, que el organismo consultivo ha redactado ante la Ley Orgánica de control de la actividad económico-financiera de los Partidos Políticos que el Ejecutivo aprobó el pasado viernes y que acaba de ser remitida al Congreso para su tramitación parlamentaria.

La reforma no es para tanto

Aunque su valoración general de la reforma es positiva, el Consejo de estado empieza por cuestionar el “alcance limitado” del proyecto, ya que a su juicio “las medidas introducidas, lejos de comportar una verdadera reforma que innove de manera sustancial el régimen de control de los partidos en materia de financiación, se limitan a modificar algunos aspectos concretos de su actividad económico-financiera, manteniendo en líneas generales la regulación vigente”.

También lamenta que, tratándose de normas sobre los partidos políticos, no haya habido un diálogo previo con la oposición, máxime cuando hace un año se aprobó en el Congreso la resolución que instaba a preparar estas reformas: “Habría sido deseable la realización, durante la tramitación del anteproyecto, de actuaciones orientadas a favorecer la participación de los partidos, en cuanto a sujetos afectados por la regulación afectada”, apunta.

A referirse a una de las novedades de la reforma, como la prohibición de las donaciones de personas jurídicas, el consejo consultivo que preside José Manuel Romay Beccaría señala que resulta “llamativo” que se vaya a aplicar a los partidos pero no a las fundaciones que dependen de ellos.

En su opinión, es necesario establecer mecanismos de control que impidan que se pueda quebrar la finalidad perseguida por el proyecto: “Debería incluir alguna medida concreta orientada a garantizar el debido control del uso de los fondos aportados por personas jurídicas a dichas fundaciones y entidades”.

Lo que señala el proyecto definitivo del Gobierno es que la persona jurídica deberá aportar el acuerdo por el que se dona dinero a una fundación, pero sólo se precisará formalizar la donación en documento público a partir de 120.000 euros. Es más, se excluyen de la prohibición las entregas monetarias o patrimoniales para un proyecto concreto.

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